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• Acuerdo en el Consejo de Ministros
• En el documento se manifiesta la prioridad del Ejecutivo por luchar contra la discriminación racial o étnica tanto en su política interior, como exterior

17 de marzo de 2017. El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Empleo y Seguridad Social ha aprobado hoy la siguiente declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el próximo 21 de marzo:

«El 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960), recordando que la discriminación racial constituye una ofensa contra la dignidad humana, y reafirmando, que los principios de igualdad y no discriminación forman parte de los derechos humanos fundamentales.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial aprobó la Declaración y el Programa de Acción de Durban, que, entre otros aspectos lleva consigo el compromiso de desarrollar políticas encaminadas a eliminar la discriminación racial en todas sus formas, comprometiéndose a adoptar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales y enmendar, derogar o anular las leyes que tengan como consecuencia crear discriminación racial o perpetuarla donde ya exista.

En España, el principio de igualdad constituye un valor superior del ordenamiento jurídico. La Constitución Española en su artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación, y dispone que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. En su artículo 10.1 declara que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”  y en el apartado 2 se señala que las norma relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internaciones ratificados por España.

La lucha contra la discriminación racial o étnica es una de las prioridades de España tanto en su política interior, como exterior. Por este motivo, el Gobierno viene impulsando acciones concretas que contribuyen a eliminar definitivamente cualquier forma de discriminación, odio o intolerancia basada en estos motivos impulsando entre otras la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia que fue aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2011.

En el ámbito nacional, la incidencia de casos de discriminación étnica o racial continúa estando presente. Según la Encuesta 3000/2013 sobre percepción de la discriminación en España llevada a cabo por el CIS, la sociedad española considera la discriminación étnica o racial el motivo más extendido de discriminación, por delante de otros, como el sexo, la discapacidad o la orientación sexual.

En este mismo sentido, el estudio “Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España” que analiza las actitudes de los españoles hacia la inmigración desde 2007 hasta 2015, muestra una mejoría en las actitudes intolerantes, racistas o xenófobas de la población y, en muchas casos, en 2015 se alcanzan los mejores valores de la serie. Por ejemplo, en 2015, sólo un 5% de la población está de acuerdo con que no se sancionen las opiniones e insultos de corte racista o xenófobo, frente al 22% en 2008.

En cuanto a la protección a las víctimas, se han producido importantes avances en los últimos años:

• La reforma del Código Penal del año 2015, refuerza la persecución penal de la incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos motivadas, entre otras causas, por el racismo, antisemitismo, religión o pertenencia a una etnia, raza integrando en un solo tipo la respuesta penal que el ordenamiento jurídico español ofrece

  Recoge también el agravamiento de la pena para los casos en que los delitos se cometan a través de internet u otros medios de comunicación social, puesto que internet se está convirtiendo en el gran refugio.

• La aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito prevé una especial valoración de las necesidades de las víctimas de los delitos cometidos, entre otros, por motivos racistas.

• Mantenimiento y financiación a través del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica un servicio de atención y orientación a las víctimas de discriminación racial o étnica, que extiende su asistencia a la totalidad de las comunidades autónomas con 87 oficinas de atención abiertas al público y desde el año 2014 la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contempla la posibilidad de financiar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación.

Además se han puesto en marcha distintas acciones de información y sensibilización, dirigidas a aumentar el conocimiento de los derechos en este ámbito, impulsar la capacitación de agentes claves y fomentar la valoración positiva de la diversidad en espacios, como el educativo, esenciales para la mejora de la convivencia, presente y futura.

Se han publicado guías como la 'Guía práctica: cómo actuar ante actos de discriminación y delitos de odio', que sintetiza la información más relevante sobre qué se considera actos discriminatorios, a quién acudir cuando se producen y cómo asegurar el restablecimiento de la víctima en su derecho. El “Manual para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas” por otra parte pretende informar sobre las secuelas de odio y la discriminación; cómo actuar ante los incidentes motivados por el odio en la escuela y actuaciones y recomendaciones ante estos hechos.

En el ámbito internacional, España mantiene una postura firme y activa en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia implicándose en las numerosas iniciativas y mecanismos existentes en los distintos foros internacionales. Para luchar contra el racismo, España ha participado tanto en el marco de la Unión Europea como en el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el de Naciones Unidas.

España ha contribuido de manera constructiva al proceso que desembocó en la Declaración y el Programa de Acción de Durban sobre Racismo, así como en la declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2014-2024) en el marco de las Naciones Unidas. Cabe destacar el papel fundamental de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial y hacer un llamamiento a su ratificación universal y plena aplicación, como instrumento privilegiado para garantizar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos para todos.

Por todo ello, el Gobierno manifiesta su firme compromiso en la lucha contra la discriminación racial o étnica, para garantizar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en un marco de convivencia y de cohesión social.”»