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• Acuerdo en el Consejo de Ministros
• El Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, que se conmemora cada 17  de mayo, la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

12 de mayo de 2017. El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha declarado hoy su firme compromiso con la “erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia por motivos de orientación sexual”. Desde el Gobierno de España, se impulsan también acciones concretas tanto en el ámbito nacional como internacional cuyo objetivo es erradicar definitivamente cualquier tipo de discriminación por estos motivos.

Lo ha hecho con la siguiente declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, que se celebra el próximo 17 de mayo:

“El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Es por ello que el Gobierno, consciente de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (en adelante LGBTI) sufren aun hoy una fuerte estigmatización por motivos de orientación sexual e identidad de género, manifiesta su absoluto compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia por dichas causas, consciente, de que amparar y respetar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y por ende, del derecho de la igualdad de trato y no discriminación, es una responsabilidad que el Gobierno asume en cuanto garante de los derechos humanos.

Así, la Constitución española declara en su artículo 10 que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

En paralelo, el artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación y dispone que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Asimismo, el artículo 9.2 señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social”.

En consecuencia, desde su compromiso con la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, el Gobierno de España, impulsa acciones concretas tanto en el ámbito nacional como internacional cuyo objetivo es erradicar definitivamente cualquier tipo de discriminación por estos motivos.

En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación y condena, en todos los foros en los que participa, las violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Así, participa activamente en el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, suscitando preguntas y articulando recomendaciones fundamentalmente dirigidas a aquellos países en los que se detectan violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI y muy especialmente a aquellos que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y criminalizan a las personas por su orientación sexual y/o identidad de género. A principios de este año, España se incorporó al LGBT Core Group de Naciones Unidas, una red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones  de la comunidad LGBTI en el marco de Naciones Unidas. Asimismo, en 2016, se suscribieron los Principios Fundamentales de la Coalición por la Igualdad de Derechos resultante de la Conferencia mundial sobre derechos humanos de personas LGBTI celebrada en Montevideo en el mes de julio. En paralelo y  el seno de la Unión Europea se ha desempeñado un papel muy activo durante el proceso de elaboración de las Líneas Directrices para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo, adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en junio de 2013.

A nivel nacional, el Gobierno consciente de su responsabilidad y alineado en la lucha contra la discriminación y la igualdad social está elaborando la “ Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”, cuyo objetivo es el reconocimiento y equiparación de facto de los derechos de las personas LGTBI, y la visibilización de la diversidad por identidad de género  u orientación sexual, en línea con los instrumentos existentes en otros países europeos.

Dicha Estrategia, articulada sobre un modelo de elaboración participativa en la que se verán involucrados todos los agentes  y actores de la sociedad civil, es la clara apuesta del Gobierno en la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y diversidad de género, y contendrá líneas directrices de actuación y medidas de ejecución, para que dicha igualdad sea real y efectiva en ámbitos específicos como el educativo, el deporte, o el laboral, entre otros.

De este modo, la Estrategia, en cuanto instrumento de naturaleza trasversal, prestará especial atención a la prevención y sensibilización del acoso homofóbico y transfóbico , promoverá protocolos específicos de atención al colectivo LGTBI, impulsará el reconocimiento social de la diversidad familiar, establecerá medidas  para  erradicar manifestaciones vejatorias y discriminatorias con especial atención a las personas transgénero, y todo ello bajo los principios de “colaboración y coordinación de acción de los poderes públicos y la sociedad civil”.

En consecuencia, el compromiso del Gobierno con los derechos humanos, y por ende, con la Igualdad se pone de manifiesto con políticas públicas trasversales  para con los ciudadanos, cualquiera que sea su orientación sexual o identidad de género y cuyo objetivo final es la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de dignidad, libertad e igualdad.

De esta forma, el Gobierno reafirma su responsabilidad en cuanto máximo aval de los derechos humanos, amparando y garantizando, una sociedad donde la discriminación, la  exclusión, la violencia y la alienación por homofobia y transfobia no tengan cabida, pues el principio de la igualdad de trato no admite excepciones, y respetar y garantizar los derechos de las personas LGBTI es crucial para poner fin a la discriminación que enfrentan.”