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• España adoptó la Convención en 2008 y se sometió por primera vez a la evaluación en 2011.

22 de marzo de 2019.- La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha trasladado hoy al Consejo de Ministros el informe sobre las políticas de discapacidad presentado esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

España se examinó ante el Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estas son las principales medidas incluidas en el informe:

Derecho al voto

El pasado mes de noviembre, las Cortes Generales aprobaron la modificación de la LOREG, con el objetivo de reconocer el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad. Un total de 100.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental podrán ejercer su derecho al voto.

Personas con discapacidad en la Constitución Española

El informe recoge la reforma del artículo 49 de la Constitución, incluida en el anteproyecto presentado el pasado 7 de diciembre. El objetivo es actualizar su contenido, tanto desde el punto de vista del lenguaje, como de su estructura y contenido. Por una parte, sustituye la palabra “disminuidos” por “personas con discapacidad”. También abandona la concepción médico-rehabilitadora y asistencial y la sustituye por el enfoque “convencionalista”, basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

Capacidad Jurídica

Cumpliendo con el artículo 12 de la Convención y acorde a las recomendaciones emitidas por la ONU en 2011, el 21 de septiembre de 2018, el Consejo de Ministros informó en primera vuelta del Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad que afecta al Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Registro Civil.

Este Anteproyecto sienta las bases para cambiar el sistema vigente en la legislación española en el que predomina la orden judicial que impide la toma de decisiones a las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental. El nuevo sistema se basará en el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas que, como regla general, serán las encargadas de tomar sus propias decisiones.

Educación inclusiva

El informe también incluye el proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación que impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo el articulado. Establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años –y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030–, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Accesibilidad

El Gobierno aprobó el pasado 1 de marzo el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para Atender la Emergencia Social en Materia de Vivienda, obligando a los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal a la realización de obras y actuaciones de accesibilidad, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75% del coste.

Este Real Decreto-Ley también establece la necesidad de elevar y destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar inversiones de accesibilidad.

Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud

En enero, se aprobó la actualización del catálogo común de la prestación ortoprotésica. La orden incluye 48 nuevos tipos de productos de sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales y se amplían indicaciones de algunos ya existentes que cubrirán necesidades hasta ahora no atendidas.

Además, se define para cada tipo de producto el importe máximo de financiación, adecuándolo a la realidad del mercado, para que puedan financiarse totalmente los productos incluidos y los usuarios no tengan que abonar cantidades adicionales.

Valoración de la Discapacidad

La Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad ha consensuado una propuesta para la adecuación del baremo discapacidad a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la Salud.

Esta propuesta también promoverá la simplificación administrativa en los procesos de valoración de discapacidad y de dependencia.