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• Se destinará un importe de dos millones de euros a Ceuta y otros dos a Melilla para actividades destinadas a cubrir las necesidades sociales de personas con un alto grado de vulnerabilidad

• Además, el Gobierno concede a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un presupuesto de 350.000 euros para el fomento e impulso de políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños para actuar con la drogadicción y otras adicciones

11 de octubre de 2019.- El Consejo de Ministro ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, dos reales decretos por los que se regula la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, de dos subvenciones por un valor total de 4.350.000 euros.

A Ceuta y Melilla se destinará un importe de dos millones de euros para cada una de las ciudades con el objetivo de poner en marcha programas y actividades en materia de asistencia social destinadas a personas con un alto grado de vulnerabilidad. Entre ellas, las personas afectadas con enfermedades mentales o neurológicas, las que tienen deficiencias visuales o síndrome de Down.

Las citadas subvenciones también van destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales así como con enfermedad de Alzheimer. Otros beneficiados serán los mayores en situación de dependencia que precisen ser acogidos en un centro residencial y aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Por su parte la Federación Española de Municipios y Provincias recibirá un importe de 350.000 euros para el fomento e impulso de políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños contra la drogadicción y otras adicciones.

Esta subvención va dirigida a los municipios con una población de entre 20.000 y 100.000 habitantes. Entre las muchas actividades desarrolladas se encuentran programas como el denominado “Agente Tutor”, prestado por policías locales para la protección del menor u otros de reducción de la demanda.